El sábado en la mañana tuve la oportunidad de leer un comentario muy bueno, publicado en una red social por el Abogado Mauricio Brenes, el cual cito a continuación: “El ajusticiamiento de un mafioso por otros criminales, en una escuela, reveló dos feos lunares esta semana. La exigencia del Ministro de Seguridad, de la aprobación de una ‘ley de extinción de dominio’, en vez de dar explicaciones por su inacción policial ante la presencia muy pública de una red de crimen organizado, es lamentable. Las manifestaciones populistas e irresponsables del Presidente de la República, criticando la labor de los jueces del Poder Judicial, son todavía peores”.
Al leer este comentario, por mi cabeza pasaron las siguientes preguntas: la solución a este problema, ¿es realmente la aprobación de una ley, como lo solicita nuestro Ministro de Seguridad? Esto que esta pasando en Costa Rica, ¿es solamente culpa de nuestra Policía o del Poder Judicial? Después de pensarlo muy bien, llegué a la conclusión de que no.
La Ley de extinción de dominio no es la solución al problema. Todos fuimos testigos la semana pasada de cómo estas personas estuvieron realizando sus negocios durante años a vista y paciencia de las autoridades, y cuando hablo de autoridades, me refiero no solamente a la DIS, la Policía o al O.I.J., sino también a la Superintendencia General de Entidades Financieras, a la Fiscalía de Legitimación de Capitales y al ICD.
Este grupo criminal, estuvo por mas de cuatro años dedicado a los créditos gota a gota, y al día de hoy, todavía el caso sigue en investigación. Y es que los créditos gota a gota son la manera más fácil de lavar dinero en Costa Rica y es casi imposible que los bancos puedan detectarlos.
Mucha de la culpa de esta actividad se debe a las políticas bancarias que rigen nuestro sistema financiero. Al no tener una apertura comercial, al carecer de soluciones financieras para ciertos sectores y al castigar de forma severa a las personas que en algún momento del tiempo no pudieron pagar sus deudas, o solamente se atrasaron en el pago de ellas (como si fuera pecado pasar por una mala situación financiera), dichas personas o sectores deben de recurrir a este tipo de préstamos informales como única solución a sus problemas. Y es ahí, donde aprovechándose de su necesidad, estas personas sacan no solamente ganancias exorbitantes por los altos intereses que se cobran, sino también, sus “clientes” se encargan de lavar su dinero.
En Costa Rica todo lo queremos arreglar con una ley y en este caso en particular, esa no es la solución. La solución esta en aplicar medidas a lo interno de las instituciones antes mencionadas, que agilicen las investigaciones cuando exista una sospecha razonable y además, se deben de aplicar reformas a las políticas crediticias, con el fin de que las personas no tengan necesidad de recurrir a este tipo de financiamientos informales.
El día en que el O.I.J y las diversas fiscalías cuenten con profesionales en Ciencias Económicas para sus investigaciones, les puedo asegurar que una investigación no tardará mas de 4 meses. El día en que los bancos brinden soluciones financieras al alcance de todos, y premien el hecho de pagar una deuda en vez de fijarse en los días de atraso, ese día estaremos a las puertas de una solución real a este tipo de problemas.
